El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia en medio de una profunda crisis financiera e institucional desatada por la intervención del Ueno Bank, entidad que concentraba los ahorros de casi tres millones de clientes. La decisión se produjo después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad avanzar con un juicio político en su contra.

Peña comunicó su salida a través de un video publicado en su cuenta de X, donde aseguró que su decisión busca preservar la estabilidad, la paz social y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a los ciudadanos y reclamó garantizar la devolución de los depósitos afectados.

El conflicto político se profundizó luego de que Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular del Partido Colorado, anunciara que la fuerza oficialista acompañaría el pedido de juicio político. El respaldo de Cartes representó un duro golpe para Peña, cuya candidatura presidencial en 2023 había sido impulsada por el propio dirigente.

La acusación contra el mandatario y su vicepresidente, Pedro Alliana, había sido presentada por 35 legisladores opositores y disidentes del oficialismo, con cuestionamientos vinculados a la relación previa de Peña con el grupo controlador del banco.

En paralelo, la crisis financiera provocó preocupación entre millones de ahorristas. El Banco Central de Paraguay ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La entidad administraba depósitos por aproximadamente USD 850 millones en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social.

Ante la gravedad de la situación, el Congreso aprobó una ley de emergencia que establece un anticipo de hasta 40 salarios mínimos por depositante, equivalente a unos USD 19.787, con un plazo máximo de cinco días hábiles para su desembolso.

La investigación judicial también avanzó sobre los responsables de la entidad: la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras y solicitó prisión preventiva para el fundador y principal accionista, Miguel Vásquez, además de arresto domiciliario para otros directivos.

La crisis deja a Paraguay frente a un escenario de incertidumbre política y financiera, mientras el Senado debe resolver los pasos institucionales posteriores a la renuncia y definir la situación de Pedro Alliana en la sucesión presidencial.

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