El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la redeterminación de precios de la empresa Ashira, durante la decimoséptima sesión ordinaria, la anteúltima del año. La votación terminó con 11 votos afirmativos, uno negativo y cinco abstenciones, en medio de un debate en el que la prestación del servicio de higiene urbana volvió a ocupar un lugar central.

El concejal del Frente Potencia, Gabriel Petruccelli, fundamentó su rechazo al expediente al considerar que no observa mejoras en el servicio. “Yo no veo que el servicio mejore y, por más que se anuncie que pueda haber una redeterminación durante el año, no he visto que eso se traduzca en un mejor servicio”, sostuvo.

Por su parte, Enrique Guillén, de La Libertad Avanza, explicó la abstención de su bloque y cuestionó tanto el desempeño de la empresa como la falta de controles municipales. “Es claro que hay un contrato, que hay que respetarlo y que lo deberían respetar ambas partes. Es claro que la ciudad está sucia, está mugrienta. Lo ven los vecinos del centro, del barrio del Cerro y del barrio Integración”, expresó.

El edil consideró que el Municipio no logra establecer límites a la concesionaria y señaló que el área encargada del control tendría demasiadas responsabilidades. También cuestionó la falta de barrido mecánico y la disminución del barrido manual. “La empresa hace lo que quiere con el Municipio. El Municipio no le puede poner un límite a la empresa, más allá de las cuestiones que están plasmadas en el contrato de concesión, las sanciones, pero no lo hace”, afirmó. Y agregó: “No queremos obstruir al oficialismo en la redeterminación, pero sí manifestamos nuestro desencanto con cómo está llevando adelante el contrato con Ashira”.

En esa línea, Guillén sostuvo que el bloque decidió abstenerse para no impedir la ejecución del contrato, aunque reclamó un cambio en la forma de controlar a la empresa. “Creo que es momento de ponerle un punto final a estos temas de las redeterminaciones de precios así tan livianamente. Hay que exigirle a la empresa y que se respete el contrato”, planteó.

Javier Menonne, de Primero la Patria, también explicó la abstención de su espacio y coincidió en la necesidad de mejorar los controles. “Todos vemos que la ciudad está realmente sucia. No vemos la contrapartida de la empresa concesionaria”, señaló. No obstante, consideró que el contrato debe cumplirse porque así está establecido en sus cláusulas. “No podemos obstaculizar esto porque puede ser una cuestión de mayor peligro, de mayor suciedad para la ciudad, pero debemos ponerle un fin y exigir que el Ejecutivo haga los controles como corresponde”, agregó.

Desde Fuerza Patria, Sol Di Gerónimo defendió el acompañamiento al expediente y diferenció la discusión sobre el ajuste contractual de los cuestionamientos al servicio. “Hoy no se está tratando si es un buen o un mal servicio. Para no confundir tampoco a la función pública, tenemos que ser serios”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la redeterminación está contemplada en el contrato y que, desde su perspectiva, corresponde aprobarla legalmente.

Sin embargo, la concejal también reconoció deficiencias en la higiene urbana y reclamó una estructura municipal específica para controlar las concesiones. “De la misma forma que se redeterminan precios y se exige cumplir con las cláusulas contractuales, también se tiene que cumplir con la prestación del servicio”, expresó. Además, propuso avanzar con un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo la designación de una persona encargada del contralor de las concesiones municipales.

Por el bloque de Somos Buenos Aires, Gonzalo Scioli sostuvo que la votación debía limitarse a determinar si el ajuste de precios estaba correctamente calculado y no a evaluar la calidad del servicio. Advirtió que rechazar la redeterminación podría generar un reclamo judicial contra el Municipio. “Si hay un incumplimiento de la empresa, eso no nos habilita a la otra parte del contrato, o sea, al Municipio, a incumplir también”, explicó.

El concejal mencionó el principio jurídico, según el cual los contratos son de cumplimiento obligatorio para las partes, y señaló que los incumplimientos de Ashira deben documentarse y dar lugar a las sanciones correspondientes. “El Ejecutivo puede sancionar económicamente a la empresa, pero no negarle la redeterminación de precios”, afirmó. También propuso convocar a los directivos de la firma a una próxima reunión de la comisión de Presupuesto para trasladarles los reclamos de los concejales.

Finalmente, Ignacio Capeccio, de La Libertad Avanza, volvió sobre la falta de controles y cuestionó la documentación remitida por el Ejecutivo durante el tratamiento del expediente. Según explicó, el bloque había solicitado las actas de contralor y certificación de servicios, pero recibió órdenes de servicio, que indican las tareas que debe realizar la empresa y no acreditan su cumplimiento.

“El Ejecutivo cumple bien en darle la consigna a Ashira de lo que tiene que hacer, pero en ningún momento está la respuesta a esa consigna entregada al Ejecutivo”, señaló. Capeccio pidió avanzar en una revisión del pliego y de las herramientas que tiene el Municipio para controlar a la concesionaria. “El pliego tiene un montón de cláusulas que el Ejecutivo podría usar a su favor y por algún motivo no lo está haciendo”, concluyó.

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