La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) dispuso la apertura de una investigación de mercado en los sectores de distribución y comercialización de gas natural en toda la Argentina. La decisión se originó en una solicitud del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, a partir de denuncias de grandes consumidores y estaciones de GNC por presuntas distorsiones tarifarias y conductas anticompetitivas.

El proceso abarcará a todas las distribuidoras y comercializadoras del país, aunque no incluye a las empresas generadoras ni transportistas. Según se informó, la investigación podría derivar en imputaciones puntuales a firmas del sector y también en recomendaciones regulatorias.

La ANC —que hasta el año pasado funcionaba como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia bajo la órbita del Ministerio de Economía y hoy es un ente autárquico— realizará un análisis a nivel nacional, y no circunscripto a Santa Fe.

Uno de los ejes centrales del reclamo está vinculado al sistema denominado “mix de cuencas”, utilizado para determinar la tarifa de transporte del gas. Desde Santa Fe sostienen que ese esquema no refleja los flujos reales actuales, ni el peso que hoy tiene Vaca Muerta en la producción, lo que podría generar sobrecostos injustificados para ciertos usuarios.

El ministerio santafesino presentó sus observaciones ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), señalando que existen quejas de grandes consumidores y clientes de estaciones de GNC por los esquemas tarifarios vigentes. Según el expediente, algunas distribuidoras y sus comercializadoras vinculadas podrían haber incurrido en prácticas contrarias a la competencia.

La disposición de la ANC, firmada por su presidente Eduardo Montamat, advierte sobre la posible existencia de abuso de posición dominante y de conductas anticompetitivas, asociadas tanto al uso del mix de cuencas como a la integración vertical entre distribuidoras y comercializadoras.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Piccini, afirmó que el esquema actual genera una inequidad regional. “Hoy el gas llega prácticamente en su totalidad desde Vaca Muerta y ya no hay importaciones desde Bolivia. Sin embargo, se sigue cobrando un transporte que ya no existe. Si se actualizara el sistema, el gas sería entre un 20 y un 40% más barato”, sostuvo.

Desde Enargas señalaron que la infraestructura y las normas vigentes determinan la forma en que se distribuye el gas en las distintas regiones y que el análisis del mix de cuencas forma parte de su evaluación técnica. No obstante, reconocieron que la interpretación legal sobre la integración vertical y eventuales abusos excede su competencia y corresponde a otros organismos del Estado.

La investigación se apoya en la Ley 24.076, que prohíbe prácticas anticompetitivas y limita la integración vertical en el sector, aunque también considera el Decreto 180/2004, que durante la emergencia pública permitió ciertas excepciones. Según se aclaró, estas habilitaciones deben aplicarse de manera restrictiva.

Finalmente, desde la ANC remarcaron que la apertura del expediente no implica una conclusión previa sobre la existencia de irregularidades ni adelanta responsabilidades, sino que constituye una etapa preliminar destinada a determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una revisión más profunda del mercado.

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