Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017.
En la presentación, los denunciantes —quienes solicitaron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, una agrupación política del centro republicano— pidieron además que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria.
El contrato bajo análisis
El escrito detalla que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó el 19 de enero de 2026 la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE), mediante la cual se adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga.
El contrato contempla la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
Según la denuncia, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgía un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger. En ese contexto, se habrían activado los mecanismos previstos en el artículo 4° del decreto: comunicación a la OA y a la SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de las actuaciones en el sitio del ministerio.
No obstante, los denunciantes sostienen que al 15 de febrero de 2026 no figuraba en el buscador de “Casos informados a la OA” la constancia de recepción de la declaración jurada correspondiente, lo que —afirman— implicaría la omisión de un requisito “clave” de transparencia.
Posibles delitos y antecedentes
En el apartado jurídico, el escrito encuadra los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (artículo 265).
Además, la presentación introduce un antecedente: en 2024 habría estado vigente otro contrato entre las mismas partes, por lo que se solicitó verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada en los plazos previstos por el decreto y si esa eventual actualización fue publicada en la web de la OA.
La denuncia se conoció luego de una investigación periodística de la Agencia Noticias Argentinas que reveló la adjudicación a la entidad dirigida por Rouillet y el posterior cruce público. El canciller Pablo Quirno negó irregularidades, afirmó que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 y sostuvo que, ante la existencia de vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con intervención de la OA y la SIGEN.
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