A un año del inicio de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto volvió a reunirse con la ex presidenta en su residencia de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El encuentro se produjo en un contexto político marcado por los debates internos del peronismo y los reclamos para revertir la condena dictada en la causa Vialidad.

La reunión se suma a la que ambos mantuvieron en febrero, cuando retomaron el diálogo tras varios años de distancia política. Desde entonces, Pichetto impulsa una serie de recorridas por distintas provincias con el objetivo de construir un nuevo espacio de alcance nacional que promueva una reorganización del peronismo sin que el kirchnerismo ocupe un rol central.

En ese marco, el legislador presentó recientemente “Argentina Productiva”, una iniciativa que busca reunir a dirigentes peronistas, referentes del centro político y sectores alejados tanto del PRO como de La Libertad Avanza.

Además de avanzar con este armado político, Pichetto se convirtió en uno de los principales impulsores del reclamo para anular la condena contra Cristina Kirchner. El diputado sostuvo que el Congreso debería seguir el ejemplo de Brasil y declarar nula la sentencia de la causa Vialidad, al considerar que la situación judicial de la ex mandataria afecta la estabilidad democrática.

Mientras tanto, el kirchnerismo mantiene como eje central de su estrategia la consigna “Cristina Libre”, una postura que convive con las tensiones internas respecto del rol que deben asumir otros dirigentes peronistas, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En paralelo, la situación judicial de Cristina Kirchner volvió a quedar bajo la atención pública luego de que el tribunal que supervisa su detención domiciliaria le exigiera cumplir de manera más estricta las condiciones impuestas. La advertencia llegó después de que la ex presidenta saludara desde el balcón de su vivienda durante el paso del cortejo fúnebre de la dirigente de derechos humanos Taty Almeida.

La resolución judicial señala que acciones que alteren la convivencia en el edificio o su entorno podrían derivar en una revisión del beneficio de la prisión domiciliaria e incluso en un eventual traslado a una unidad penitenciaria. Desde el peronismo cuestionaron la medida y sostuvieron que la ex mandataria enfrenta restricciones más severas que otros detenidos que cumplen condenas bajo la misma modalidad.

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