Miles de estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales y sindicales participaron este martes de la cuarta Marcha Federal Universitaria contra el gobierno de Javier Milei, con una masiva concentración en la Plaza de Mayo y protestas simultáneas en distintos puntos del país.
La movilización tuvo como eje central el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla una recomposición de partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y a los salarios docentes.
Además de la protesta en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron importantes convocatorias en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.
En las manifestaciones hubo una fuerte participación de la comunidad educativa, aunque también se sumaron organizaciones gremiales, sectores políticos y ciudadanos autoconvocados.
Desde el Gobierno nacional, la respuesta fue de rechazo al reclamo. Horas antes de la movilización, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificaron que “la única ley que aplicaremos es la de presupuesto”.
En paralelo, el Ejecutivo oficializó un nuevo recorte de fondos para universidades nacionales, esta vez por más de 5.300 millones de pesos, en medio del conflicto presupuestario.
La discusión entre el Gobierno y las universidades se centra en la diferencia entre el Presupuesto vigente y la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras superar un veto presidencial. Mientras el oficialismo sostiene que solo ejecutará las partidas contempladas en el Presupuesto, desde el sistema universitario reclaman el cumplimiento de la ley específica sancionada por el Parlamento.
Durante el acto central en Plaza de Mayo se leyó un documento en el que se advirtió que el sistema universitario nacional atraviesa una situación crítica y se cuestionó al Gobierno por “incumplir la regla democrática y constitucional básica” de aplicar la Ley de Financiamiento.
Asimismo, los organizadores reclamaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver sobre la judicialización impulsada por el Ejecutivo respecto a la norma.
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