El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, apenas un día después de haberlo enviado a la Cámara de Diputados. La decisión se produjo tras detectarse que el dictamen remitido establecía la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el acuerdo alcanzado con bloques aliados era fijarla en 14 años.

Pese al traspié, el oficialismo mantiene la intención de que el proyecto sea debatido este jueves en la Cámara baja, aunque previamente deberán conformarse las comisiones correspondientes para su tratamiento.

La iniciativa es similar a la que había obtenido dictamen en mayo de 2025, aunque incorpora una modificación relevante: en esta nueva versión se prevé la asignación específica de fondos para garantizar su implementación.

En el texto original, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que había generado cuestionamientos y sospechas respecto de que la norma pudiera no aplicarse de manera efectiva.

Ahora, el proyecto contempla una partida de más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, destinados a asegurar los recursos necesarios para la puesta en marcha del nuevo régimen.

En cuanto al contenido, la propuesta reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en línea con el consenso político alcanzado, aunque el error en la redacción inicial motivó el pedido de retiro para su corrección.

Desde la oposición, en tanto, anticiparon que impulsarán la incorporación de una cláusula que obligue a las provincias que adhieran a la ley a negociar con la Nación la implementación de reformas edilicias y de servicios, necesarias para alojar a eventuales nuevos reclusos bajo el nuevo esquema penal juvenil.