La entrada en vigencia de la nueva ley que establece la responsabilidad penal desde los 14 años tendrá un impacto directo en Balcarce, ya que las causas del distrito son tramitadas dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata.

El nuevo régimen comenzará a aplicarse en septiembre y, ante esta situación, la Justicia marplatense ya trabaja junto con el Poder Ejecutivo bonaerense para adecuar su funcionamiento.

Walter Martínez Soto, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, explicó que desde hace varias semanas se realizan reuniones entre representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal “Estamos en medio de los preparativos. Hay reuniones permanentes para que la aplicación de la ley sea accesible y ordenada”, señaló.

Una de las principales preocupaciones es dónde serán alojados los adolescentes que queden privados de la libertad. Actualmente, Mar del Plata cuenta con tres espacios: un centro de admisión para las primeras horas, un establecimiento intermedio y un instituto cerrado para el cumplimiento de las medidas judiciales.

Según el fiscal, en este momento habría lugar para recibir a un adolescente de 14 años detenido bajo el nuevo régimen. Sin embargo, reconoció que la disponibilidad podría complicarse si aumenta la cantidad de casos.

Cuando no existan plazas en Mar del Plata, los jóvenes podrán ser derivados a otros institutos de la provincia de Buenos Aires, como ya sucede actualmente en determinadas situaciones.

Desde el Ministerio Público Fiscal también solicitaron un refuerzo de personal para afrontar el incremento de tareas. Martínez Soto explicó que el trabajo del Fuero Penal Juvenil no se limita a investigar delitos, sino que también incluye audiencias, controles de medidas judiciales y procesos de justicia restaurativa “El control de las medidas y las audiencias representa casi el 80% del trabajo de una fiscalía de menores”, afirmó.

El fiscal consideró que también será necesario contar con trabajadores capacitados y con sensibilidad frente a las problemáticas sociales. “No alcanza con conocer el derecho penal. Trabajamos con jóvenes atravesados por situaciones familiares, consumo de drogas y vulnerabilidad”, concluyó.

La nueva ley dispone que los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer en institutos especializados y separados de los detenidos adultos. Además, establece medidas educativas, tratamientos, tareas comunitarias y sistemas de supervisión como posibles respuestas judiciales, según la gravedad de cada caso

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