El juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro se inició este martes en Córdoba, en el marco de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto.
Los tres funcionarios judiciales están acusados de mal desempeño y negligencia por no haber advertido ni profundizado líneas de investigación que, según la acusación, podrían haber permitido esclarecer el caso años antes.
Las pruebas que no se analizaron
Uno de los ejes centrales del jury apunta a la omisión de evidencias genéticas clave. Entre 2008 y 2010, el expediente ya contaba con análisis realizados por el FBI sobre dos elementos determinantes: el cinto de la bata utilizado como arma homicida y un vello púbico hallado en la víctima.
Esos estudios descartaban vínculos con el entorno familiar —incluido el viudo Marcelo Macarrón— y señalaban perfiles desconocidos que no fueron cotejados con posibles sospechosos.
El giro de la causa
El rumbo de la investigación cambió en 2022, cuando el fiscal Pablo Jávega tomó el caso tras la absolución de Macarrón. En poco tiempo, reanalizó las pruebas existentes y avanzó sobre nuevas hipótesis.
A partir de un mapeo genético y la revisión integral del expediente, el nuevo equipo identificó como principal sospechoso a Roberto Bárzola, quien había trabajado en la vivienda de la víctima en los días previos al crimen, pero nunca había sido sometido a cotejos de ADN.
Testimonios ignorados
Otro punto que pesa en la acusación contra los fiscales es la falta de análisis de contradicciones en las declaraciones de Bárzola. El imputado había brindado coartadas que, con el paso del tiempo, se comprobaron falsas.
Incluso, describió detalles de la escena del crimen —como una mancha de humedad en una habitación contigua— que, según la investigación actual, solo podía conocer alguien que hubiera estado en el lugar la noche del asesinato.
Una investigación desviada
Para la actual fiscalía, los investigadores originales centraron la pesquisa en el entorno íntimo de la víctima, lo que llevó a descartar otras líneas. Esa orientación habría impedido detectar a tiempo pruebas que ya estaban incorporadas en el expediente.
El jury en curso busca determinar si esas decisiones constituyeron negligencia grave en uno de los casos policiales más emblemáticos de las últimas décadas en Argentina.
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