El Senado de la Nación intentará otorgar este jueves media sanción al proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa que introduce cambios en materia de alquileres, propiedad privada y uso de tierras, entre otros aspectos.
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece un mecanismo de desalojo acelerado para inquilinos que registren atrasos en el pago del alquiler o permanezcan en el inmueble tras el vencimiento del contrato sin alcanzar una renegociación.
El proyecto, elaborado bajo la supervisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dispone que el propietario pueda exigir la desocupación del inmueble luego de 10 días de notificada la falta de pago.
Actualmente, la legislación contempla un plazo considerablemente mayor, ya que el incumplimiento debe extenderse durante dos meses consecutivos para habilitar el inicio de acciones de desalojo. La versión original del proyecto proponía reducir ese período a tres días, aunque durante las negociaciones parlamentarias se amplió a diez para facilitar consensos.
La discusión se da en un contexto complejo para el mercado de alquileres. Según datos difundidos por la organización Inquilinos Agrupados, alrededor del 70% de las personas que alquilan mantiene algún tipo de endeudamiento, mientras que el costo de la vivienda representa más del 40% de sus ingresos.
Además de las modificaciones vinculadas a los alquileres, la iniciativa contempla otros cambios relacionados con la propiedad privada. Entre ellos, propone eliminar los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y avanzar sobre restricciones que actualmente impiden modificar el uso de terrenos afectados por incendios.
Durante el debate legislativo también surgió una discusión en torno a los desalojos en barrios populares. En ese marco, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aceptó retirar del proyecto el capítulo que eliminaba las restricciones para desalojar viviendas ubicadas en barrios registrados en el RENABAP.
La decisión se produjo luego de planteos realizados por sectores de la Iglesia y organizaciones sociales, que advirtieron sobre el riesgo de una crisis habitacional y social si se habilitaban desalojos masivos en villas y asentamientos.
De esta manera, ese aspecto quedó momentáneamente fuera del proyecto y su tratamiento fue postergado para futuras discusiones parlamentarias.
La iniciativa será analizada en la sesión prevista para este jueves y constituye uno de los proyectos que el oficialismo busca impulsar dentro de su agenda de reformas vinculadas a la desregulación económica y la protección de la propiedad privada.
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