Durante la cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se trataron en conjunto dos proyectos vinculados al sistema de salud local: un pedido de informes impulsado por La Libertad Avanza sobre los convenios y nomencladores del Hospital Municipal, y una expresión de preocupación por los atrasos en los pagos de las obras sociales.

En relación al primer proyecto, el concejal de La Libertad Avanza, Enrique Guillén, explicó que la iniciativa busca contar con información precisa para avanzar en la actualización de los valores de las prestaciones. “Es importante que se equiparen a lo que pagan los privados”, sostuvo, al advertir que en algunos casos “hace tres años que no se actualizan”.

El edil remarcó el desfasaje actual: “Hay prestaciones que cuestan 50.000 pesos y las obras sociales le están pagando al hospital 8.000”, lo que obliga al nosocomio a cubrir la diferencia. En ese sentido, señaló que ese faltante termina siendo absorbido por el propio sistema público: gran parte de la contribución que realizan los vecinos “es para poder solventar esa diferencia”.

Además, Guillén indicó que el pedido de informes incluye los convenios con empresas de medicina prepaga y planteó que, una vez obtenida la información, se podrá avanzar en reclamos formales. Según explicó, la intención es “empezar a trabajar y reclamar la actualización de estos valores a quienes corresponda”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Cassini, expuso los fundamentos del proyecto que manifiesta la preocupación por los atrasos en los pagos al Hospital Municipal. Detalló que la deuda total llegó a superar los 1.050 millones de pesos y que, si bien hubo cancelaciones parciales, aún se ubica en torno a los 880 o 890 millones, con perspectivas de incremento.

Cassini subrayó que una parte significativa de ese monto se encuentra en mora: “Más de 646 millones de pesos corresponden a deudas con más de 60 días”, indicó. Y advirtió: “Esa deuda vencida representa casi dos meses del funcionamiento del hospital”, que tiene gastos mensuales cercanos a los 335 millones de pesos.

El titular del cuerpo deliberativo explicó que esta situación genera desequilibrios financieros y obliga a tomar decisiones complejas: “Estamos hablando de cuestiones relacionadas con la salud pública”, afirmó. También señaló que el atraso en los cobros impacta en la cadena de pagos del hospital, extendiendo los plazos con proveedores y generando dificultades en el abastecimiento.

En tanto, la concejal del Partido Justicialista, Viviana Erreguerena, coincidió en la gravedad del escenario y amplió el diagnóstico al conjunto del sistema. Señaló que los aportes actuales “no están alcanzando a cubrir lo que antes no teníamos problema”, y consideró adecuado canalizar los reclamos ante la Superintendencia de Salud.

La edil advirtió que la problemática excede al ámbito local: “Esto no es solo de la provincia de Buenos Aires, está afectando a todos los hospitales públicos y también tensiona al sistema privado”. En ese marco, remarcó que la crisis también está vinculada a la cuestión salarial: según transmitieron autoridades del hospital, “sin una recomposición salarial, el sistema no se va a acomodar”.

Erreguerena planteó que el contexto actual dificulta alcanzar nuevos acuerdos en materia de nomencladores, en un escenario donde los ingresos de trabajadores y jubilados condicionan los aportes al sistema. “Estamos en un momento de una crisis sanitaria muy importante”, sostuvo, y consideró que el Ejecutivo municipal podría evaluar medidas en el corto plazo.

Finalmente, expresó su expectativa de que a nivel nacional se adopten políticas que fortalezcan el sistema: “Es necesario incorporar más aportantes, porque así como está no funciona”, indicó, y valoró la continuidad del trabajo conjunto para sostener la atención en la ciudad.

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