La administración de Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 200.000 salvadoreños que viven en Estados Unidos. La decisión implica que miles de personas perderán la protección que les permitía permanecer en el país y contar con autorización para trabajar.
El Gobierno republicano ya había avanzado con medidas similares respecto de ciudadanos de otros países, entre ellos Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua. El TPS fue creado en 1990 como un mecanismo excepcional destinado a proteger temporalmente a extranjeros provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias.
El programa no otorgaba residencia permanente ni ciudadanía estadounidense. Sin embargo, mientras permanecía vigente, sus beneficiarios podían trabajar legalmente y quedaban protegidos frente a determinadas acciones de deportación.
El Salvador cuenta con ciudadanos amparados por este régimen desde 1991. Con la finalización del TPS, quienes no dispongan de otra vía legal para permanecer en Estados Unidos podrían quedar en situación migratoria irregular y eventualmente enfrentar procesos de deportación.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional defendieron la decisión y remarcaron que el programa fue concebido como una protección temporal. La administración Trump sostiene que durante años el mecanismo terminó funcionando, en los hechos, como una permanencia prolongada en territorio estadounidense.
Uno de los principales interrogantes es ahora qué ocurrirá con los beneficiarios y en qué plazos deberán abandonar el país quienes no tengan otro estatus migratorio. La incertidumbre también alcanza a sus familias, especialmente a los hijos nacidos en Estados Unidos que poseen ciudadanía estadounidense.
Se estima que más de 150.000 niños estadounidenses tienen al menos un familiar salvadoreño que estaba protegido por el TPS. Estos menores conservan su ciudadanía y no están sujetos a deportación, pero la situación puede generar una separación entre padres e hijos si los adultos deben regresar a El Salvador.
La decisión también podría tener consecuencias económicas. Miles de salvadoreños protegidos por el TPS trabajan en sectores como la construcción, el mantenimiento de edificios, el transporte, la industria manufacturera y los servicios gastronómicos.
Según las estimaciones citadas en torno al programa, los trabajadores salvadoreños amparados por el TPS generan miles de millones de dólares anuales para la economía estadounidense mediante su actividad laboral, el consumo y el pago de impuestos.
El impacto podría extenderse además a El Salvador. Las remesas enviadas desde Estados Unidos representan una fuente fundamental de ingresos para las familias salvadoreñas y tienen un peso significativo sobre la economía nacional.
Una eventual reducción de esos envíos podría afectar especialmente a los hogares que dependen de las remesas para cubrir gastos cotidianos, aumentando la presión sobre los niveles de pobreza y sobre las cuentas públicas del país.
El Gobierno salvadoreño, encabezado por Nayib Bukele, mantiene una relación cercana con Trump, pero la eliminación del TPS abre un nuevo desafío para ambos países. El eventual retorno de decenas de miles de trabajadores podría generar presión sobre el mercado laboral y sobre la economía salvadoreña.
La medida representa así un nuevo capítulo de la política migratoria impulsada por Trump y plantea interrogantes tanto para los inmigrantes afectados como para sus familias y para las economías de Estados Unidos y El Salvador.
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