En las últimas horas se confirmó la renuncia de la totalidad de la comisión directiva de la Sociedad de Protección a la Infancia, en un contexto marcado por la investigación judicial que se encuentra en curso.

La decisión institucional se produce mientras avanza la causa penal que lleva adelante el fiscal Rodolfo Moure, en la que se encuentran imputadas Alejandra Género y Marisa Benaduche por los delitos de amenazas, coacción y lesiones leves. Este miércoles, ambas se presentaron ante la Fiscalía acompañadas por su abogado particular, Gustavo Marceillac, y optaron por ejercer su derecho a no declarar, facultad que les asiste legalmente.

Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, no habrá una nueva citación, aunque la posibilidad de que declaren en el futuro permanece abierta. Además, el fiscal confirmó que los audios que se hicieron públicos forman parte del material incorporado a la investigación y no se descarta que puedan derivarse otras actuaciones.

La situación también generó repercusiones en el plano institucional y político. En el Concejo Deliberante se presentó un proyecto vinculado a la situación de la entidad, donde distintos concejales manifestaron la necesidad de que el cuerpo deliberativo se exprese ante la gravedad de los hechos denunciados.

Por el momento, no se informó de manera oficial cómo se garantizará el funcionamiento de la institución tras la renuncia de la comisión directiva, ni si se designará una conducción transitoria. El desarrollo de la causa judicial y las definiciones administrativas serán claves para el futuro de Protección a la Infancia.

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