El Gobierno nacional intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol a brindar explicaciones sobre sus balances contables y financieros, en el marco de una auditoría impulsada por el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Según informó oficialmente el Ejecutivo, se solicitará documentación respaldatoria de gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 en el caso de la AFA y USD 340.000.000 correspondientes a la Liga Profesional. El objetivo es que ambas entidades respondan a las observaciones realizadas sobre sus estados contables, bajo los mismos requisitos que rigen para todas las personas jurídicas privadas registradas ante la IGJ.
En el comunicado difundido, el Gobierno sostuvo que la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos vinculados a gastos e inversiones relacionados con actividades que no estarían contempladas en su estatuto social, recordando que se trata de una asociación civil sin fines de lucro. Además, se advirtió que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las instituciones como para sus directivos.
La medida se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. Días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Conmebol, solicitando una investigación preliminar por presuntas irregularidades en contrataciones, sociedades comerciales y movimientos patrimoniales vinculados a dirigentes del fútbol argentino.
En paralelo, avanza una investigación judicial a cargo del Juzgado Penal Económico N.º 10, conducido por el juez Marcelo Aguinsky, que analiza el rol de la firma Real Central SRL y de dos personas señaladas como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA. Entre los bienes bajo análisis figura una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, con instalaciones de alto valor económico.
La denuncia también pone el foco en contrataciones directas entre la AFA y empresas proveedoras, entre ellas Malte SRL, que fue adjudicataria de obras vinculadas al sistema VAR, por un monto cercano a los USD 550.000, según documentación oficial del propio organismo.
Frente a este escenario, desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “evidente persecución política” por parte del Poder Ejecutivo. En un comunicado, señalaron que hubo intentos de interferir en la vida institucional de la entidad y cuestionaron el impulso del Gobierno a las Sociedades Anónimas Deportivas, en detrimento del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.
“En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol”, expresaron desde la conducción, al tiempo que defendieron su gestión y afirmaron que continuarán trabajando para el crecimiento del fútbol argentino.
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