El acceso a la salud constituye uno de los derechos fundamentales de toda persona. Sin embargo, para numerosos jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), obtener una prestación médica, acceder a un medicamento o conseguir la autorización de un tratamiento puede convertirse en un largo y desgastante camino de tramites administrativos que en muchos casos resultan sumamente burocraticos.

Detrás de cada expediente sin resolución, de cada medicamento que no llega y de cada práctica médica que se posterga, existe una persona que espera. Una persona que, en muchos casos, atraviesa una enfermedad, presenta dificultades de movilidad y depende económicamente de una jubilación que no le permite afrontar de manera particular las prestaciones que necesita.

Lo verdaderamente preocupante es que estas dificultades recaen sobre uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los adultos mayores, quienes deberían encontrar en el sistema de salud una respuesta ágil, humana y eficiente, y no un nuevo motivo de angustia e incertidumbre.

La burocracia no puede estar por encima de la salud
Autorizaciones, auditorías, formularios, derivaciones y reiteradas solicitudes de documentación conforman un circuito administrativo que, cuando no funciona adecuadamente, termina trasladando al afiliado las consecuencias de las deficiencias del sistema.

Una persona mayor que necesita una intervención quirúrgica, un tratamiento de rehabilitación, una prótesis o asistencia domiciliaria no debería verse obligada a recorrer reiteradamente oficinas, realizar innumerables llamados telefónicos o depender de familiares para gestionar aquello que resulta indispensable para preservar su salud.

No se cuestiona la necesidad de administrar responsablemente los recursos de una obra social. Lo que resulta inadmisible es que los mecanismos administrativos terminen convirtiéndose en obstáculos que impidan o demoren injustificadamente el acceso efectivo a las prestaciones.

La administración tiene sus tiempos, pero las enfermedades no esperan
Otro aspecto preocupante es la modificación de los medicamentos indicados por los profesionales tratantes, particularmente cuando se pretende sustituir una marca comercial por otra sin contemplar adecuadamente las circunstancias clínicas de cada paciente.

Si bien la legislación argentina contempla la prescripción por nombre genérico y la posibilidad de utilizar medicamentos equivalentes, existen situaciones en las que el médico considera necesario mantener una determinada presentación o marca por razones clínicas vinculadas con la respuesta terapéutica, la tolerancia o los antecedentes del paciente.
En estos casos, una decisión administrativa no debería desplazar automáticamente el criterio del profesional tratante sin una evaluación individualizada y debidamente fundada. Esta situacion se presenta de forma cotidiana en los casos de personas afiliadas que presentan diagnostico de diabetes y se les prescribe insulina determinada que PAMI injustificadamente decide rechazar u otorgar una marca distinta, la cual no produce los mismos efectos que la prescripta por los medicos tratantes.

La salud de un jubilado no puede quedar subordinada exclusivamente a un listado de medicamentos disponibles, a un convenio comercial o a una decisión basada en criterios económicos.

Lamentablemente, nuestra ciudad tampoco permanece ajena a esta situación. Las advertencias públicas de representantes del sector farmacéutico local y los pronunciamientos institucionales del propio Concejo Deliberante demuestran que las dificultades en el acceso a medicamentos y prestaciones de PAMI no constituyen una preocupación abstracta ni distante.

En abril de 2026, representantes del sector farmacéutico local advirtieron sobre las demoras en los pagos de PAMI y sus consecuencias sobre la reposición de medicamentos. Asimismo, el Concejo Deliberante de Balcarce expresó institucionalmente su preocupación por las modificaciones en la cobertura de medicamentos y prestaciones destinadas a jubilados y pensionados. 

Estamos hablando de situaciones que atraviesan a nuestros vecinos, a nuestros jubilados y a familias que diariamente deben enfrentar las consecuencias de un sistema que necesita respuestas concretas.

Como consecuencia de lo antes expuesto, muchas personas se ven obligadas a recurrir a la Justicia mediante acciones de amparo de salud.

Esta herramienta constitucional permite solicitar la protección urgente de derechos fundamentales cuando se encuentran amenazados o vulnerados, pudiendo requerirse medidas cautelares para obtener la provisión de medicamentos, la autorización de intervenciones quirúrgicas o la continuidad de tratamientos médicos.

Sin embargo, corresponde formularnos una pregunta como sociedad ¿Por qué una persona mayor debe iniciar un proceso judicial para conseguir aquello que necesita para preservar su salud y que, en muchos casos, ya fue indicado por su propio médico? El amparo constituye una garantía fundamental, pero no debería transformarse en una instancia habitual del circuito de acceso a las prestaciones médicas. 

La judicialización de la salud no puede naturalizarse como una consecuencia inevitable del funcionamiento de las obras sociales.

Los adultos mayores merecen un sistema que los acompañe, no que los desgaste
La discusión sobre el funcionamiento de PAMI no debería reducirse a una cuestión presupuestaria o administrativa.
Estamos hablando de personas que han trabajado durante décadas, que han contribuido al sistema de seguridad social y que, en una etapa de sus vidas en la que pueden necesitar mayor asistencia, tienen derecho a recibir una atención digna y oportuna.

Resulta indispensable revisar los procedimientos de autorización, garantizar la continuidad de los tratamientos, fortalecer los canales de comunicación y evitar que los afiliados deban atravesar interminables trámites para acceder a prestaciones esenciales.

La sustentabilidad económica del sistema constituye un objetivo legítimo, pero no puede construirse trasladando a los jubilados las consecuencias de sus deficiencias administrativas o financieras.

Reconocimiento a quienes trabajan diariamente por nuestros adultos mayores
Más allá de las críticas expuestas, considero justo y necesario extender un especial reconocimiento a los empleados de PAMI, particularmente a quienes desempeñan sus funciones en nuestra ciudad, por la extraordinaria labor que realizan diariamente, atendiendo con compromiso, respeto y predisposición a cada uno de los afiliados que se acercan en busca de una solución. Son ellos quienes muchas veces deben dar la cara frente a situaciones que exceden sus posibilidades de resolución, procurando brindar respuestas dentro de los recursos y facultades que tienen a su alcance. Resulta fundamental comprender que las decisiones administrativas y prestacionales definitivas son adoptadas por autoridades y niveles jerárquicos superiores, ajenos a la voluntad de quienes diariamente atienden al público. Por ello, esta reflexión no pretende cuestionar el trabajo de los empleados, sino visibilizar las deficiencias de un sistema que también los coloca en una posición difícil frente a las legítimas necesidades de nuestros adultos mayores.

Porque detrás de cada número de afiliado existe una historia, una familia y una vida que merece ser cuidada.

La salud no puede esperar a que termine un expediente administrativo. Y nuestros adultos mayores no deberían tener que acudir a la Justicia para que se les garantice aquello que constituye un derecho, no un privilegio.

Atte. Dr. Franco Costanzo 
Tomo 18 Folio 86 
CAMdP 

Calle 17 Nº 784, Balcarce

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