El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, entrará en vigencia el 9 de septiembre y reducirá de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar alcanzado por un proceso penal. La norma contempla distintas medidas y sanciones, entre ellas penas privativas de la libertad en domicilio, institutos abiertos y establecimientos especializados de detención.
Sobre los alcances concretos de la reforma, el abogado penalista Maximiliano Orsini planteó sus reparos durante su participación en “Polémica en GABAL”, especialmente respecto de cómo se implementará en la práctica.
“Leí el proyecto en su momento. Lo que vi es que sí, hay cambios, pero en cuanto a lo que la gente ve reflejado, la gente dice: ¿va a ir preso o no va a ir preso? Y la realidad es que la detención es casi similar a lo que es hoy”.
La nueva legislación establece que la privación de la libertad debe cumplirse en instituciones especialmente acondicionadas para adolescentes, separadas de los establecimientos para adultos. Además, fija un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad y establece que la detención debe orientarse a la educación, formación, resocialización y reinserción social.
En ese sentido, Orsini puso el foco en la capacidad del Estado para sostener esas nuevas condiciones.
El abogado consideró que la discusión no termina con la modificación de la edad y advirtió sobre la necesidad de contar con establecimientos adecuados y recursos para que el nuevo sistema pueda funcionar.
“Hasta que no entre en vigencia y no se ponga en práctica, creo que yo no lo veo. Infraestructura también es presupuesto. Y bueno, eso es una respuesta que tiene que dar la provincia. Y si no tenemos eso, no tenemos nada de lo que dijimos”.
La implementación de la Ley 27.801 ya generó procesos de adecuación y capacitación en distintas jurisdicciones, mientras que el Ministerio de Justicia de la Nación inició instancias de formación para jueces, fiscales y otros operadores judiciales de cara a la entrada en vigencia del nuevo régimen.
Con el nuevo esquema, los adolescentes de 14 y 15 años quedarán comprendidos por primera vez dentro de un régimen de responsabilidad penal juvenil, aunque la ley mantiene como principio la excepcionalidad de la privación de la libertad y establece distintas alternativas antes de recurrir al encierro.
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