El Senado de la Nación aprobó este viernes la reforma de la Ley Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años, en el marco de la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil. La votación en la Cámara alta se resolvió con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, lo que convirtió el proyecto en ley tras su paso previo por la Cámara de Diputados.

La iniciativa representa un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo nacional, que impulsó la modificación con el objetivo de actualizar el sistema judicial aplicable a adolescentes y adaptarlo al escenario actual en materia de seguridad. Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras del proyecto, pidió un minuto de silencio por las víctimas de hechos delictivos, en un gesto que marcó el tono de la discusión parlamentaria.

Un nuevo régimen penal juvenil

El nuevo esquema establece un sistema penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos judiciales diferenciados, asistencia legal obligatoria y centros de detención separados de los adultos. La normativa incorpora principios como la legalidad, la proporcionalidad y la resocialización, y busca garantizar el debido proceso y la reinserción social de los jóvenes.

Asimismo, la ley fija que la pena privativa de libertad será aplicable únicamente en delitos graves, como homicidios, robos violentos o abusos sexuales, y establece un límite máximo de condena de hasta 15 años. También contempla medidas alternativas, como tareas comunitarias, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos.

Los argumentos del oficialismo y el debate político

Desde el oficialismo, se argumentó que el aumento de delitos cometidos por menores y su participación en hechos graves hacía necesario actualizar el marco legal vigente, que databa de 1980. Además, señalaron que muchas organizaciones delictivas utilizaban a menores debido a que no podían ser procesados penalmente bajo el sistema anterior.

Por su parte, sectores de la oposición cuestionaron la iniciativa al considerar que no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil ni garantiza recursos suficientes para su implementación, y advirtieron sobre posibles consecuencias en el sistema judicial y penitenciario.

Con la sanción de esta ley, Argentina modifica el régimen vigente y habilita que adolescentes desde los 14 años puedan ser juzgados penalmente, dentro de un sistema especializado que prioriza tanto la responsabilidad penal como la reinserción social.

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