El conflicto entre Virginia Aparicio y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tuvo un nuevo capítulo este viernes 30 de octubre, cuando autoridades del organismo se presentaron en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Balcarce para hacer efectiva la exoneración de la investigadora.

De acuerdo con el acta de intervención administrativa a la que pudo acceder GABAL, el director del Centro Regional Buenos Aires Sur, Horacio Berger, concurrió a la unidad para dar cumplimiento a la Resolución que exonera a Aparicio y resuelve alejarla del organismo.

Allí le comunicaron a Aparicio que había perdido su condición de empleada del organismo y que debía retirarse de las instalaciones, ya que no podía continuar realizando actividades en el INTA.

La notificación formal de la resolución había sido emitida el 26 de octubre, en el marco del expediente administrativo N° 2089/2023. El documento señala que la decisión del Consejo Directivo agota la vía administrativa y detalla las alternativas de impugnación disponibles, entre ellas el recurso de reconsideración, que puede interponerse dentro de los 20 días de notificado el acto.

Sin embargo, Aparicio firmó el acta del viernes en disconformidad. En su observación manuscrita sostuvo que la resolución de exoneración todavía no se encontraba firme, debido a que no había transcurrido el plazo legal para presentar el recurso de reconsideración. De esta manera, dejó asentado su cuestionamiento a que la medida se ejecutara de forma inmediata.

El conflicto por el proyecto SPRINT

La exoneración se inscribe en el sumario administrativo iniciado por el INTA a raíz de presuntas irregularidades vinculadas con la participación de Aparicio en SPRINT, un proyecto internacional de investigación sobre la presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales, del que fue coordinadora argentina.

El caso generó repercusiones dentro y fuera del organismo. Desde APINTA habían denunciado situaciones de persecución, censura y silenciamiento, mientras que la defensa de la investigadora, encabezada por el abogado Mario Bolla, cuestionó las imputaciones, el desarrollo del procedimiento y las posibilidades de ejercer plenamente su defensa.

En ese marco, también hubo pronunciamientos institucionales en respaldo a Aparicio y en defensa de la libertad científica. Entre ellos, una iniciativa del diputado bonaerense José Ignacio “Cote” Rossi, que expresó preocupación y solidaridad con la investigadora.

Con la intervención concretada este viernes, el INTA avanzó con la separación de Aparicio de la EEA Balcarce. No obstante, su firma en disconformidad deja planteada la controversia sobre la ejecución de la sanción y los recursos administrativos que todavía puede presentar para cuestionar la decisión.

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