El Gobierno de Javier Milei confirmó la exclusión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, el proceso licitatorio para la modernización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
La medida fue comunicada por la Secretaría de Transporte de la Nación, que detalló que la oferta de la empresa estatal bonaerense “no cumplió con los requisitos técnicos y financieros” establecidos en los pliegos. En esta instancia, se avanza con la concesión de más de 1.900 kilómetros divididos en dos tramos, entre ellos el corredor Sur Atlántico – Acceso Sur.
Según el Gobierno nacional, la exclusión responde a criterios “objetivos” y a incumplimientos en aspectos centrales de la licitación. Uno de los principales puntos observados fue la falta de acreditación de experiencia en ejecución directa de obras, ya que la documentación presentada por AUBASA se centraba en tareas operativas y no en trabajos realizados con estructura propia.
En materia financiera, desde Nación indicaron que la empresa tampoco cumplió con los parámetros exigidos. En particular, señalaron que el nivel de endeudamiento presentado superaba ampliamente el límite permitido, con un ratio de 3,75 frente al máximo de 1,50, lo que —según explicaron— evidencia una situación de fragilidad incompatible con las exigencias del proceso.
Además, remarcaron que la firma no presentó su balance contable en las condiciones requeridas y que, pese a haber tenido la posibilidad de completar la documentación, “las observaciones técnicas no pudieron ser revertidas”.
Desde el Ejecutivo también subrayaron que AUBASA no impugnó los pliegos en tiempo y forma, lo que implica la aceptación de las condiciones del proceso, aunque posteriormente cuestionó ofertas de otros participantes.
Por su parte, desde la provincia de Buenos Aires surgieron críticas. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, solicitó la intervención de organismos de control y denunció modificaciones en los pliegos pocos días antes del cierre, lo que —según planteó— afectaría la transparencia de la licitación.
La exclusión se da en el marco de un esquema impulsado por el Gobierno nacional que busca avanzar con concesiones de gestión con inversión privada en la red vial. En ese contexto, la decisión suma un nuevo capítulo al conflicto entre Nación y Provincia por el rol de las empresas públicas y las condiciones de los procesos licitatorios.
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