El fiscal Carlos Russo solicitó la prisión preventiva de Nicolás Gastón Cichero, el cuidador detenido luego de golpear con una cuchara a una mujer de 83 años en el geriátrico “David” y amenazar a otra residente. El pedido también incluye una acusación por amenazas contra una empleada del establecimiento.

Russo considera que la investigación reunió elementos suficientes para sostener, en principio, la responsabilidad de Cichero como autor de los tres hechos que se le imputan. La calificación legal provisoria contempla los delitos de lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra una mujer, coacción y amenazas, todos en concurso material.

El primero de los hechos ocurrió el 27 de julio, cerca de las 19.08, dentro del Hogar David, ubicado en Funes al 1700. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Cichero estaba alimentando a Viviana Botica Cinj, de 83 años, quien se encontraba sentada en una silla de ruedas contra una pared del comedor, cuando le introdujo violentamente una cuchara en la boca y posteriormente la golpeó con el mismo elemento.

La mujer, que se encontraba en una situación de dependencia para realizar actividades cotidianas, sufrió un politraumatismo dentoalveolar. El informe médico forense estableció que las lesiones eran de carácter grave y determinó que había sufrido fracturas alveolares y la pérdida de dos piezas dentarias. Como consecuencia, quedó afectada su capacidad para masticar y también aumentó el riesgo de broncoaspiración durante la deglución. El período de recuperación fue estimado en más de 30 días.

El fiscal considera que las imágenes de las cámaras de seguridad son una de las principales pruebas incorporadas al expediente. Lo que según explicó Russo, se observa la agresión contra Botica Cinj y también el episodio posterior que dio lugar a la imputación por coacción.

Pocos minutos después, a las 19:16, siempre de acuerdo con la acusación, Cichero llevó a una de las residentes hasta una habitación destinada al descanso. Mientras la acostaba y la desvestía, le habría dicho que no lo golpeara porque le rompería la cabeza y luego habría pronunciado una serie de insultos y expresiones para que muriera. La mujer, identificada en la requisitoria como Faustina Galeano, lloraba y le preguntaba qué le había hecho para recibir ese trato.

El tercer episodio tuvo lugar al día siguiente. Según el escrito fiscal, Cichero se comunicó por WhatsApp y también realizó un llamado telefónico a Sofía Gisel Sanhuesa, una empleada del geriátrico que había advertido a la propietaria sobre lo sucedido. En esas comunicaciones, siempre según la denuncia, le dijo que le iba a pasar algo y que la iba a lastimar.

Sanhuesa había publicado en redes sociales una fotografía del acusado luego de que se conocieran los maltratos registrados en el establecimiento. En su declaración explicó que posteriormente recibió un mensaje y una llamada desde un número privado y que decidió denunciar porque temía por su seguridad y la de sus hijas. También contó que Cichero conocía sus horarios y que vivía a unas 20 cuadras de su domicilio.

La investigación sumó además un episodio ocurrido una semana antes de la agresión que dio origen a la denuncia. El 20 de julio, también cerca de las 19.15, las cámaras del geriátrico registraron a Cichero mientras alimentaba a Botica Cinj. Según detalló la Fiscalía, el cuidador le exigía reiteradamente que abriera la boca, elevaba de manera progresiva el tono de voz, le introducía la cuchara bruscamente y luego le presionaba la nariz con los dedos.

A partir de los testimonios reunidos, Russo también incorporó otros indicios sobre posibles situaciones previas de maltrato. Una familiar declaró que, desde que Cichero había comenzado a asistir a los residentes del primer piso, había observado hematomas y lastimaduras en el cuerpo de su madre, quien incluso le manifestó que un hombre la había “samarreado” y le había gritado. Otro residente del hogar, según esa misma declaración, había advertido que la conducta del cuidador cambiaba cuando los familiares se retiraban.

La Fiscalía también tuvo en cuenta informes médicos, fotografías, declaraciones testimoniales, registros de WhatsApp y las cámaras de seguridad, además de distintos informes relacionados con el funcionamiento del establecimiento. Entre esos elementos figuran las constancias médicas que acreditaron las lesiones sufridas por Botica Cinj.

La mujer de 83 años fue posteriormente trasladada por su familia a otro establecimiento. En el Hogar Gema, donde permanece desde el 12 de agosto, las trabajadoras declararon que actualmente se encuentra contenida y que su comportamiento mejoró, aunque presenta signos de defensa frente a determinados cuidadores.

Ahora, el juez de Garantías deberá resolver el pedido de prisión preventiva. Para fundamentarlo, Russo sostuvo que existe peligro de fuga y mencionó, entre otros argumentos, la gravedad de las imputaciones y la expectativa de pena. También cuestionó el arraigo de Cichero: afirmó que dejó de vivir en su domicilio habitual y que, al ser notificado de la formación de la causa en la comisaría primera, informó una dirección inexistente. Posteriormente, los investigadores lograron ubicarlo en otro domicilio.

Para el fiscal, esa situación demuestra un arraigo frágil que podría dificultar su sometimiento al proceso en caso de recuperar la libertad.

Cichero continúa detenido mientras se define la medida solicitada por el fiscal. La abogada de la víctima, Adelina Martorella, había destacado la actuación de Russo y la decisión inicial del juez Daniel De Marco de mantenerlo privado de su libertad, y sostuvo que, por tratarse de personas mayores en situación de vulnerabilidad, correspondía que siguiera detenido durante el proceso.

Prohíben nuevos ingresos

El Juzgado de Familia N° 3 de Mar del Plata hizo lugar a una acción cautelar presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, para proteger los derechos de las personas alojadas en la residencia geriátrica David.

Entonces, ordenó suspender los ingresos al hogar hasta regularizar su situación sanitaria y administrativa, solicitó información sobre la capacitación del personal, involucró a la Municipalidad de General Pueyrredon en el seguimiento del caso y dispuso que se garanticen espacios de privacidad para la atención profesional de las personas alojadas en el geriátrico.

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