El Gobierno de Bolivia decidió no avanzar con un estado de excepción pese a la escalada de tensión y los episodios de violencia registrados en La Paz, y optó por reforzar la presencia de fuerzas de seguridad para contener nuevas protestas y restablecer el orden público.
La determinación fue adoptada luego de una reunión de evaluación entre autoridades del Ejecutivo, mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, tras una de las jornadas más complejas que atraviesa el país desde el inicio de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz Pereira.
Desde distintos sectores sindicales, campesinos y agrupaciones vinculadas al expresidente Evo Morales se mantiene el reclamo por la renuncia del mandatario, en un contexto de creciente tensión política y social.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el Ejecutivo avanzará con medidas “duras y estrictas” contra quienes participaron en saqueos, ataques a bienes públicos y privados, agresiones a civiles y enfrentamientos con efectivos policiales, aunque aclaró que por el momento no se recurrirá a mecanismos excepcionales previstos por la Constitución boliviana.
La movilización desarrollada en las últimas horas reunió a sectores campesinos, mineros, docentes rurales, trabajadores fabriles, integrantes de los denominados “Ponchos Rojos” y manifestantes afines a Morales, quienes confluyeron en La Paz en medio de un escenario marcado por la polarización política y las dificultades económicas.
El incremento del despliegue de fuerzas de seguridad aparece ahora como la principal herramienta del Gobierno boliviano para intentar contener una crisis que suma nuevos focos de tensión y mantiene abierto un escenario de incertidumbre política.
