El Gobierno nacional sancionó a la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María, prestataria del servicio eléctrico en Necochea y Quequén, por incluir tasas municipales dentro de la factura de energía eléctrica, en un conflicto que ya escaló a la Justicia Federal.
La sanción fue impuesta por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, al considerar que la cooperativa incumplió la Resolución 267/24, dictada en 2024 por la Secretaría de Industria y Comercio, que prohibió a municipios y prestatarias cobrar tasas ajenas al servicio mediante facturas de servicios públicos.
Según el expediente judicial, el organismo nacional objetó el cobro de tres conceptos incluidos en la boleta eléctrica: el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, la Tasa de Patrulla Rural y la Tasa del Fondo Educativo Universitario.
Desde el Gobierno nacional señalaron que estos cargos “resultan ajenos a la prestación del servicio”, lo que configuraría una práctica abusiva y una violación a los deberes de información y trato digno hacia los usuarios.
Una sanción administrativa
La medida aplicada fue un apercibimiento, una sanción administrativa que deja constancia formal de la infracción y genera antecedentes para futuras penalidades. En caso de reincidencia, podrían aplicarse multas económicas.
La disposición sancionatoria fue firmada el 17 de noviembre de 2025 y otorgó a la cooperativa un plazo de 30 días para retirar los cargos cuestionados.
Denuncias en todo el país
La resolución nacional abrió además una línea de denuncias anónimas que recibió 2.705 reclamos por cobros indebidos en facturas de servicios. A partir de ello se iniciaron 244 expedientes y se imputó a 95 empresas en distintas provincias.
Entre las prestadoras investigadas también figuraron cooperativas y empresas de la región, incluyendo la Cooperativa de Electricidad de General Balcarce, Camuzzi Gas Pampeana y la Usina Municipal de Tandil.
La defensa de la cooperativa
La Usina Popular Cooperativa presentó una medida cautelar de no innovar ante el Juzgado Federal de Necochea para frenar la aplicación de la sanción y cuestionó la legalidad de la resolución nacional.
Según argumentó la entidad, tras la imputación inicial en 2024 se eliminaron de la factura la Tasa de Patrulla Rural y la Tasa del Fondo Educativo Universitario, quedando únicamente el Fondo Compensador Tarifario.
La cooperativa sostuvo que este último concepto es de carácter provincial y está directamente vinculado al servicio eléctrico, ya que busca compensar costos operativos y garantizar la continuidad y calidad del suministro.
En su presentación judicial, la empresa afirmó que el accionar del Poder Ejecutivo Nacional vulnera principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica, además de afectar derechos reconocidos por normas constitucionales.
A la espera de definiciones judiciales
En enero la cooperativa solicitó habilitar la feria judicial para acelerar el tratamiento del caso, aunque el pedido fue rechazado por el juez federal Bernardo Bibel. Tras el levantamiento de la feria, se esperan ahora definiciones sobre el avance de la causa.
El conflicto se produce mientras en distintos municipios del país continúa el debate por el financiamiento de tasas locales a través de las facturas de servicios públicos, una práctica que el Gobierno nacional busca eliminar de manera definitiva.
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