El concejal de La Libertad Avanza, Enrique Guillén, presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto para interpelar al coordinador de Protección Ciudadana y Seguridad del Municipio, Martín Luna, ante los reiterados hechos delictivos registrados durante las últimas semanas en Balcarce.
La iniciativa expresa la preocupación del cuerpo legislativo por lo que define como una “creciente ola delictiva” y propone que el funcionario municipal concurra al recinto dentro de los diez días hábiles posteriores a su notificación.
Según se argumentó, si bien la seguridad pública es una responsabilidad primaria del Gobierno bonaerense, el Municipio cumple funciones relacionadas con la prevención, el monitoreo urbano, la videovigilancia, la planificación y la coordinación con las fuerzas policiales.
Durante la interpelación, Luna deberá responder un extenso pliego de preguntas. Entre otros puntos, se solicita conocer el diagnóstico oficial de la situación delictiva, los barrios con mayor conflictividad, las modalidades más frecuentes y las acciones extraordinarias adoptadas frente a los últimos episodios.
El proyecto también reclama estadísticas sobre robos, hurtos, entraderas, sustracciones de motocicletas y vehículos, delitos rurales y hechos cometidos con armas durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026. Además, pide precisar la tasa de esclarecimiento y cuántos casos pudieron resolverse mediante las cámaras municipales.
Otro de los ejes centrales es el funcionamiento del Centro Operativo de Monitoreo. Guillén solicita que se informe cuántas cámaras posee el Municipio, cuántas funcionan, cuáles están fuera de servicio, dónde se encuentran instaladas, cuánto tiempo se almacenan las imágenes y qué cantidad de operadores trabaja en cada turno.
También se incluyen consultas sobre la cantidad y el estado de los móviles policiales, las zonas y frecuencias de patrullaje, el seguimiento mediante GPS, los kilómetros recorridos diariamente y los mecanismos utilizados para controlar los recorridos.
En materia económica, se pide conocer el presupuesto destinado a Seguridad durante 2026, su nivel de ejecución y las inversiones realizadas en cámaras, móviles, capacitación, mantenimiento y funcionamiento del Centro de Monitoreo.
El cuestionario alcanza además la coordinación con la Policía Comunal, la DDI, la Fiscalía y la Patrulla Rural; los programas preventivos; las alarmas comunitarias; los botones antipánico; los corredores seguros y la existencia de un Plan Estratégico de Seguridad.
Finalmente, el funcionario deberá explicar qué medidas se tomaron después de los últimos hechos delictivos, si se reforzaron los patrullajes y qué objetivos, inversiones y acciones prevé desarrollar durante los próximos seis meses.
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