El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, afrontará una semana decisiva tanto en el plano judicial como institucional. El próximo jueves 5 de marzo deberá presentarse a declaración indagatoria ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, en una causa que investiga un presunto perjuicio fiscal superior a $19.353 millones, mientras el fútbol local permanecerá paralizado por una medida de fuerza impulsada por los clubes de Primera División.

La investigación fue iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostiene que la AFA habría retenido tributos y aportes vinculados a la seguridad social sin depositarlos dentro de los plazos legales. El expediente abarca 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 y también incluye a otros dirigentes de la entidad, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino y el director general Gustavo Lorenzo.

Los delitos bajo análisis están encuadrados dentro del Régimen Penal Tributario y contemplan penas que van de dos a seis años de prisión, aunque la situación procesal recién comenzará a definirse una vez finalizada la ronda de indagatorias. Tras esas declaraciones, el juez deberá resolver si dicta procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito.

En las últimas horas, la defensa de Tapia solicitó la nulidad del llamado a indagatoria al considerar que aún debe resolverse una apelación pendiente ante la Cámara en lo Penal Económico. El magistrado deberá decidir si acepta ese planteo o mantiene el cronograma previsto. Mientras tanto, continúa vigente la restricción para salir del país impuesta a los imputados, aunque el dirigente obtuvo autorizaciones puntuales mediante caución judicial.

El trasfondo del conflicto también incluye una discusión estructural sobre el sistema de aportes del fútbol argentino, vinculado al Decreto 510/2023, que estableció un régimen especial de contribuciones basado en un porcentaje fijo sobre los ingresos del sector. La AFA sostiene que su operatoria se ajustó a ese esquema, mientras que el organismo recaudador considera que las retenciones debían ingresarse igualmente en tiempo y forma.

La citación judicial provocó además un fuerte impacto institucional. El Comité Ejecutivo de la AFA resolvió un paro total de actividades entre el 5 y el 8 de marzo, lo que suspenderá la fecha del Torneo Apertura. Dirigentes de distintos clubes respaldaron la medida y denunciaron lo que interpretan como un avance contra la conducción del fútbol argentino, mientras sectores críticos cuestionaron la decisión por afectar la competencia y a los hinchas.

El escenario también genera atención a nivel internacional. Un eventual procesamiento podría activar evaluaciones bajo el Código de Ética de la FIFA, que exige a dirigentes cumplir estándares estrictos de integridad y responsabilidad financiera. Las sanciones posibles, en casos extremos, pueden incluir suspensiones o inhabilitaciones dentro del ámbito del fútbol.

Así, Tapia llegará a tribunales en un contexto de máxima exposición: con una causa penal en pleno avance, el fútbol argentino detenido y un conflicto político-deportivo que trasciende el ámbito judicial y amenaza con proyectarse hacia los organismos internacionales que regulan la actividad.

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