Una diputada bonaerense presentó un proyecto para establecer un cupo mínimo del 10% de adultos mayores en las listas electorales de la Provincia de Buenos Aires, una iniciativa que, de aprobarse, también alcanzaría a los espacios políticos y agrupaciones municipales de distritos como Balcarce.
La propuesta fue impulsada por la diputada de Fuerza Patria Sofía Vannelli y plantea modificar el artículo 32 de la Ley Electoral bonaerense para sumar un criterio de representación etaria a la actual paridad de género.
De esta manera, las listas que se presenten para cargos legislativos deberían incluir, tanto entre los candidatos titulares como suplentes, al menos un 10% de personas jubiladas, independientemente de si perciben haberes de un régimen previsional nacional o provincial.
En el caso de Balcarce, la iniciativa podría abrir un debate sobre la participación de los adultos mayores en la política local y su presencia dentro de las listas que compiten por bancas en el Concejo Deliberante y otros cargos legislativos.
Según los fundamentos del proyecto, el aumento de la esperanza de vida generó una sociedad en la que cada vez más adultos mayores mantienen una participación activa y plantean demandas específicas vinculadas con la salud, la seguridad social y la calidad de vida.
Vannelli sostuvo que este sector representa una parte significativa de la población bonaerense y que su incorporación a los espacios legislativos permitiría fortalecer la representación de sus intereses y sumar su perspectiva al diseño de políticas públicas.
La iniciativa toma como antecedente la incorporación de la paridad de género en la legislación electoral y sostiene que la Provincia cuenta con un marco legal que permitiría avanzar también hacia criterios de representación vinculados con la edad.
De aprobarse, el nuevo requisito alcanzaría a los partidos políticos, alianzas, federaciones y agrupaciones municipales que presenten listas para cargos legislativos en territorio bonaerense.
El proyecto también se fundamenta en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce el derecho de este sector a participar en la vida política y pública, no solo mediante el voto sino también a través de la posibilidad de ser elegido y formar parte de los espacios de toma de decisiones.