El intendente de Allen, Marcelo Román, fue imputado por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, en una causa que investiga el supuesto uso indebido de recursos municipales. La Justicia provincial fijó un plazo de dos meses para avanzar con la investigación penal preparatoria, que se extenderá hasta el 30 de agosto.

Según la acusación presentada por las fiscales Graciela Echegaray y Celeste Benatti, entre marzo de 2024 y julio de 2025 se habría utilizado dinero público para adquirir un teléfono celular por $479.999 bajo un servicio corporativo de la Municipalidad, que además generó gastos mensuales por casi $600.000.

La Fiscalía sostiene que el dispositivo fue entregado a una persona ajena a la administración municipal, sin ningún vínculo contractual que justificara su tenencia. De acuerdo con la investigación, esta situación habría provocado un perjuicio económico para las arcas públicas y vulnerado las obligaciones de custodia sobre los bienes del Estado.

Además del jefe comunal, una segunda persona fue imputada por su presunta participación en los hechos. Los investigadores afirman que utilizó el teléfono y habría impartido directivas a empleados municipales pese a no ocupar ningún cargo oficial dentro de la estructura del municipio.

Entre las pruebas presentadas figuran una denuncia del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación administrativa, registros de pagos, facturas, informes contables y más de 35 declaraciones testimoniales. También se incorporaron pericias realizadas por organismos especializados del Ministerio Público.

Por su parte, las defensas solicitaron que los cargos no sean formalizados y pidieron que la entonces secretaria de Hacienda sea incorporada a la causa como partícipe necesaria. Asimismo, cuestionaron parte de la evidencia reunida durante la investigación.

La imputación se produce en un contexto de fuerte tensión política en Allen. En mayo de este año, vecinos de la ciudad presentaron más de 3.000 firmas para impulsar un proceso de revocatoria de mandato contra Román. La iniciativa fue promovida por la docente jubilada Silvina Cantero, quien argumentó deficiencias en la prestación de servicios públicos y una gestión considerada ineficiente por sectores de la comunidad.

Mientras el Concejo Municipal analiza el pedido de revocatoria, la administración local continúa bajo la presión de la investigación judicial y del reclamo de una parte de la ciudadanía por cambios en la conducción del municipio.