El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, se prepara para iniciar el debate de una serie de reformas en el Congreso, en medio de negociaciones con las provincias para garantizar los votos necesarios.

Tras una semana marcada por controversias políticas, el oficialismo busca retomar la agenda legislativa con un paquete de iniciativas que incluye modificaciones de último momento, proyectos postergados y nuevas incorporaciones.

Entre los cambios más relevantes, se confirmó que el nuevo Código Penal volverá a demorarse. Si bien el ex ministro Mariano Cúneo Libarona había dejado un borrador avanzado, su sucesor, Juan Bautista Mahiques, decidió revisarlo y acortar su extensión antes de enviarlo al Congreso.

En paralelo, el Ejecutivo avanzará con un paquete de medidas orientadas a endurecer penas y tipificar nuevos delitos, incluyendo ilícitos migratorios, estafas piramidales, “viudas negras”, salideras, entraderas, motochorros, daño animal, uso de armas en cárceles, picadas ilegales, grooming y abuso sexual infantil.

Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, logró incorporar al temario la denominada “Ley Hojarasca”, que propone derogar cerca de 70 normas consideradas obsoletas. La iniciativa apunta a simplificar el marco legal, eliminar regulaciones antiguas y avanzar en el proceso de desburocratización del Estado.

Entre los proyectos que se mantendrán sin modificaciones se encuentra la ley de propiedad privada, que abarca temas como expropiaciones, incendios forestales y regularización dominial. También se buscará avanzar con reformas vinculadas a glaciares, discapacidad y financiamiento universitario.

Para lograr la aprobación de estas iniciativas, el Gobierno intensificó el diálogo con los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el país y mantuvo encuentros con mandatarios provinciales como Claudio Poggi, Ignacio Torres y Alfredo Cornejo.

Sin embargo, desde el oficialismo reconocen que el escenario político es complejo, especialmente con algunos gobernadores opositores como Axel Kicillof, Gildo Insfrán y Ricardo Quintela.

En este contexto, el Gobierno busca acelerar las negociaciones antes de que el clima electoral comience a condicionar el tratamiento legislativo, con la mirada puesta en el calendario político de cara a 2027.

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