La Justicia investiga la muerte de Roberto Cafasso, un hombre de 69 años que falleció tras caer al vacío desde un entrepiso en una sede de SportClub de Bahía Blanca. El caso derivó en una causa por homicidio culposo y abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad del establecimiento, que además funcionaba con una habilitación municipal vencida.
El hecho ocurrió mientras Cafasso realizaba actividad física en el gimnasio. De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, el hombre utilizaba una máquina elíptica ubicada cerca del borde del entrepiso y, al descender, se apoyó sobre una estructura cubierta con banners publicitarios que aparentaban constituir una separación física.
Sin embargo, detrás de esa superficie no existía una pared ni una baranda de protección, sino un vacío que comunicaba directamente con la planta inferior del edificio, por donde la víctima cayó.
La investigación quedó a cargo del fiscal Cristian Aguilar, quien dispuso la clausura preventiva del gimnasio y ordenó nuevas pericias para determinar las circunstancias del accidente. Entre las medidas adoptadas también se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento.
Los investigadores intentan establecer si el gimnasio cumplía con las normas de seguridad exigidas y si existieron negligencias que pudieron haber contribuido al desenlace fatal.
Por el momento no hay personas imputadas en la causa, aunque la calificación de homicidio culposo mantiene abierta la posibilidad de eventuales responsabilidades penales si se comprueban irregularidades.
Uno de los elementos que surgió durante las primeras actuaciones es que el establecimiento funcionaba con un permiso precario vencido desde enero, situación que también forma parte de la investigación.
A raíz de esta circunstancia, se busca determinar por qué el local continuó operando sin contar con una habilitación vigente y si existieron fallas en los controles administrativos correspondientes.
En paralelo, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, dispuso una investigación administrativa interna para revisar el expediente de habilitación del gimnasio y analizar posibles irregularidades en los mecanismos de fiscalización municipal.
Mientras avanzan las pericias y la recopilación de pruebas, la Justicia intenta esclarecer si la tragedia pudo haberse evitado y si las condiciones del lugar eran adecuadas para garantizar la seguridad de quienes asistían al gimnasio.
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