Un caso de extrema gravedad generó profunda conmoción y preocupación en el ámbito judicial, sanitario y social, luego de que seis menores de edad, de entre un mes y 13 años, dieran positivo en cocaína tras una serie de estudios médicos realizados en el marco de una denuncia por violencia de género y violencia familiar.

En diálogo con GABAL, el director asociado Javier Reino aportó detalles sobre el complejo abordaje interdisciplinario que se puso en marcha desde el sistema de salud, remarcando la delicadeza del caso y la necesidad de actuar con responsabilidad.

“Primero que son seis chicos, que van desde un mes a 13 años. Y segundo, no podemos afirmar que los droguen deliberadamente. Eso es materia de investigación judicial. Nosotros no hacemos ese análisis, nos abocamos estrictamente a la salud física y psíquica de los niños”, explicó Reino.

El profesional señaló que existen múltiples hipótesis posibles y que cualquier conclusión apresurada sería irresponsable, ya que la investigación se encuentra en pleno desarrollo. “Queremos pensar que se trata de un proceso de contaminación por manipulación dentro del hogar, pero eso lo deberá determinar la Justicia”, indicó.

Cómo se detectó el caso

Según relató Reino, todo se inició cuando la madre de los niños realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer por situaciones de violencia de género y violencia familiar. Al tomarle declaración, los efectivos advirtieron su mal estado físico y psíquico, por lo que fue derivada de urgencia al hospital.

“Allí la atendió un equipo interdisciplinario integrado por médicos clínicos, psicólogos y trabajadores sociales. Durante la entrevista, la mujer comenzó a relatar todo lo que estaba viviendo, lo que activó de inmediato los protocolos de protección”, detalló.

En ese marco, se solicitó la presencia de los menores, quienes fueron trasladados por un familiar hasta el centro de salud. “Una vez que los niños llegaron, se les realizaron los análisis correspondientes y fue ahí cuando se detectó la presencia de cocaína”, confirmó.

Intervención judicial y sanitaria

Ante este escenario, se dio intervención inmediata a la Fiscalía, al Juzgado de Familia y a los distintos organismos de protección de derechos, activando múltiples equipos técnicos para garantizar la seguridad, el seguimiento médico y el acompañamiento psicológico de las víctimas.

“osotros trabajamos en la parte de la salud física y psíquica, y hacemos todas las denuncias correspondientes. Intervienen varios equipos porque el objetivo principal es la protección

Te puede interesar: