El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, a través del Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial, resolvió suspender su aplicación hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.

La decisión se da tras el rechazo del veto presidencial por parte de ambas cámaras del Congreso, que insistieron en la sanción de la ley con la mayoría especial prevista en la Constitución. En consecuencia, el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla, aunque condicionó su ejecución a la disponibilidad presupuestaria.

Entre los puntos centrales de la norma se destacan la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores, una compensación de emergencia financiada por el Tesoro, la actualización de aranceles bajo la fórmula de movilidad jubilatoria y beneficios para empleadores que contraten a personas con discapacidad de manera permanente.

No obstante, el Gobierno señaló que la aplicación de estas medidas supone un gasto estimado en más de 3 billones de pesos, equivalente al 0,35 % del PBI, lo que excede ampliamente el crédito disponible en el presupuesto vigente. Solo la creación de la nueva pensión implicaría un desembolso de $2,1 billones en 2025 y más de $4,7 billones en 2026.

Desde la Jefatura de Gabinete remarcaron que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones” y que la facultad de reasignar partidas no constituye una fuente “concreta, específica, actual y suficiente”.

De esta manera, aunque la Emergencia en Discapacidad ya está promulgada, su implementación quedará en suspenso hasta que Diputados y Senadores definan cómo solventar los costos en el marco del debate del Presupuesto nacional.

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