La causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner volvió a quedar en el centro del debate judicial y político luego de que un informe pericial confirmara que el celular de Fernando Sabag Montiel registró actividad cuando ya se encontraba detenido, un dato que abre interrogantes sobre la preservación de pruebas clave durante las primeras horas de la investigación.
El dato surge de un informe técnico elaborado por Gendarmería Nacional, recientemente incorporado al expediente, que determinó que el teléfono del agresor se activó y se conectó a una red WiFi del Shopping Abasto cuando Sabag Montiel ya estaba bajo custodia policial. Esta situación contradice versiones iniciales sobre el estado del dispositivo y refuerza las dudas sobre una posible manipulación posterior al intento de magnicidio ocurrido frente al domicilio de la entonces vicepresidenta, en septiembre de 2022.
El análisis fue realizado a partir de material forense remitido por el Tribunal Oral Federal, con intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Ministerio Público Fiscal, y permitió reconstruir parte de la actividad del teléfono en un momento considerado crítico para la investigación, ya que se trata de las horas inmediatamente posteriores al ataque, cuando debía garantizarse de manera estricta la cadena de custodia.
A partir de estos resultados, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó nuevas medidas para establecer quién tuvo el control efectivo del celular durante ese lapso y bajo qué circunstancias se produjo la activación del equipo, con el objetivo de despejar responsabilidades y determinar si existieron irregularidades en el manejo de una prueba central para el esclarecimiento del hecho.
Según la reconstrucción judicial, el jueves 1 de septiembre de 2022 a las 20.52, Sabag Montiel se abrió paso entre militantes que se encontraban frente al domicilio de Cristina Kirchner, apuntó con un arma de fuego y gatilló, aunque el disparo no salió. Minutos después, cerca de las 21, fue reducido y detenido por efectivos de la Policía Federal, quedando bajo custodia del Estado.
Sin embargo, el nuevo peritaje reveló que a las 22.38 el teléfono registró actividad, incluyendo la conexión a la red WiFi del Shopping Abasto y la recepción de un correo electrónico de validación. Además, cerca de la medianoche, se detectó la eliminación de datos vinculados a la cuenta de Instagram del acusado, movimientos que, de confirmarse, no podrían haber sido realizados por el atacante si el dispositivo hubiese estado correctamente resguardado.
Otro punto que genera preocupación es que pasaron más de tres horas desde el atentado hasta que el celular quedó formalmente bajo custodia judicial. El acta correspondiente se firmó recién a las 00.23 del viernes 2 de septiembre, momento en el cual el teléfono fue oficialmente resguardado, dejando un vacío temporal sin controles claros que compromete seriamente la cadena de custodia.
Las inconsistencias también quedaron reflejadas en los testimonios de los efectivos intervinientes, con declaraciones cruzadas sobre si el teléfono estaba encendido o apagado, si permaneció siempre en poder del acusado o si fue manipulado por terceros, y sobre el estado físico del equipo. A ello se sumaron denuncias de amenazas recibidas por personal de Gendarmería y testigos clave, lo que agrega tensión a una investigación ya atravesada por controversias.
Este nuevo informe se conoce pese a que ya existen condenas firmes en la causa. En octubre pasado, Fernando Sabag Montiel fue condenado a 14 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa, al haber utilizado un arma de fuego sin autorización legal, además de recibir una condena adicional por tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil.
Por su parte, Brenda Elizabeth Uliarte, expareja de Sabag Montiel, fue condenada a 8 años de prisión como partícipe necesaria del atentado, con una pena adicional por la tenencia ilegítima de un DNI, mientras que el Tribunal Oral Federal N.º 6 absolvió a Nicolás Carrizo. No obstante, los nuevos datos vuelven a poner bajo la lupa el desarrollo inicial de la investigación y el manejo de pruebas determinantes en una de las causas judiciales más sensibles de los últimos años.
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