En la mañana de este viernes, GABAL dialogó con el fiscal Rodolfo Moure, quien analizó el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil que actualmente debate el Congreso y que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El tratamiento legislativo se da en un contexto clave, ya que el Senado cerrará su período de sesiones extraordinarias con un debate de alto impacto político, donde se discutirán la reforma laboral y los cambios en el sistema penal juvenil impulsados por el Gobierno nacional.
Consultado sobre la iniciativa, Moure consideró que representa una mejora respecto del sistema vigente. “Desde mi punto de vista es mejor de lo que tenemos actualmente. Hoy a un menor de 16 años no se le podía aplicar una pena; si cometía un delito grave había que devolvérselo a los padres o imponerle una medida de seguridad por muy corto tiempo”, explicó.
Según detalló, el cambio principal radica en que “a partir de los 14 años ya se puede condenar a un menor y puede ser juzgado por delitos”, algo que —según sostuvo— permitirá dar respuesta a situaciones que hoy generan fuerte cuestionamiento social.
No obstante, aclaró que el nuevo régimen no equipara a los adolescentes con los adultos dentro del sistema penal. “No es el mismo sistema que para los mayores. Se priorizan medidas alternativas a la cárcel, como servicios comunitarios o libertad asistida, y solo se podrá privar de la libertad a un menor en casos de delitos graves”, indicó.
Además, remarcó que la ley establece límites claros: los menores no podrán recibir penas perpetuas ni condenas superiores a los 20 años y deberán cumplir las sanciones en espacios diferenciados. “Van a cumplir la pena en centros especializados donde no puede haber mayores de edad, no en cárceles comunes”, afirmó.
Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre, según el fiscal, es la capacidad del sistema para aplicar efectivamente la normativa. Ante la consulta sobre la existencia de instituciones adecuadas, señaló que actualmente son insuficientes. “Hoy hay centros de contención que son chicos; cerca de Mar del Plata hay uno que no tiene capacidad para más de 20 personas. Va a salir la ley y seguramente faltará la reglamentación y las partidas presupuestarias, por lo que llevará tiempo implementarla”, advirtió.
Durante la entrevista también se abordó el temor de que organizaciones delictivas comiencen a utilizar menores aún más jóvenes. Moure relativizó esa posibilidad y sostuvo que la franja etaria con mayor incidencia delictiva se ubica entre los 14 y los 18 años. “En algún momento hay que poner un límite y el de 14 años está bien. Los delitos cometidos por chicos de 12 o 13 años son, en general, mucho menores”, explicó.
Para el fiscal, el principal aporte del proyecto es simbólico y jurídico a la vez. “Va a permitir terminar con la sensación de impunidad que existía cuando un menor cometía un delito grave y salía por la misma puerta que entró”, afirmó, al tiempo que recordó el reclamo recurrente de familiares de víctimas.
Finalmente, reflexionó sobre el rol de las leyes penales en la sociedad y señaló que cumplen dos funciones: preventiva y retributiva. “La preventiva busca disuadir para que no se cometan delitos, mientras que la retributiva permite que la sociedad sienta que hubo una respuesta frente al daño causado”, explicó.
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